En un reciente artículo del periódico “El País”, de 5 de abril de 2011, se hace referencia a una supuesta venta de los datos del censo electoral, por parte de un empresario alicantino, utilizando la página www.saberlotodo.com y que por los problemas judiciales que ha tenido, han pasado a ser operadas desde la página www.trumbic.com con sede en Suiza.
Visitando la primera web, simplemente conseguimos que nos indiquen que ahora se opera desde la segunda web indicada… Esta segunda, corresponde a una empresa con apariencia completamente legal y en la que no encontramos referencias a este servicio. Si que encontramos una admisión a trámite de una denuncia contra el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), D. Artemi Rallo y otra persona, por un delito de prevaricación.
Si las informaciones facilitadas por el periódico El País, son ciertas, desde estas web se estaría vendiendo los datos personales del censo electoral, para poder localizar morosos y proceder a intentar el cobro de las deudas. La AEPD tiene bloqueado el fichero y parece que el cambio a Suiza es para seguir utilizando el mismo…
La utilización del censo electoral, ha sido una actividad recurrente durante el tiempo, de muchas empresas, especialmente antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que aunque tiene un precedente en la LORTAD, el grado de concienciación y de sanciones en el manejo de los datos personales no ha sido una costumbre en este país hasta hace unos años. Durante años, se crearon pequeñas agrupaciones o partidos políticos, para tener acceso al censo electoral, pues en las elecciones no conseguían más de un centenar de votos…
Conocemos al Director de la AEPD, D. Artemi Rallo, pues siempre ha tenido un trato muy cercano, tanto en las Sesiones Abiertas anuales de la Agencia, como en los cursos a los que hemos asistido. En nuestra opinión, no solo es un gran profesional y un buen director de la AEPD, también creemos que es la persona que más ha hecho por los derechos de los ciudadanos en la materia y que sus actuaciones están encaminadas siempre a la protección de los datos personales. Puede haberse equivocado, como cualquiera, pero la prevaricación es un delito muy serio para un funcionario público y que este admitida una demanda no significa que sea un prevaricador, cuestión esta que tendrá que dilucidar la justicia.
Cuando según El País, la empresa ha vendido estos datos personales y ha sido bloqueado el fichero e impuesto una importantísima sanción, es después de realizar numerosas actuaciones en el proceso de inspección y soportado por pruebas.
