Recientemente, ha salido en las televisiones, como un reportero recogía de los contenedores de basura de diferentes juzgados españoles, bolsas llenas de documentos y expedientes judiciales, que han sido llevados a la Agencia Española de Protección de Datos, para que estudie el caso.
En nuestra opinión, mientras la ley no permita multar a los responsables de los ficheros públicos, estos casos se repetirán cada vez que se realice un reportaje periodístico en juzgados, hospitales, ayuntamientos y diferentes instituciones públicas.
Es cierto que la falta de una trituradora de papeles, puede ser una excusa, pero existen otros métodos, como una guillotina, empresas especializadas o simplemente romper con la mano los documentos antes de tirarlos. Incluso, se podría añadir algún tipo de tinta en la bolsa, como remedio imaginativo.
Pero el problema se presenta porque desde las instituciones públicas no se da el valor necesario a la LOPD, ya que los responsables, solo pueden sufrir un expediente, pero la institución nunca es multada económicamente, lo que hace que no se tome en serio su cumplimiento. Además, suele ser más fácil culpar a un pobre funcionario, con su correspondiente expediente, que culpar al juez, al director de un hospital o a un alcalde.
La falsa creencia de que los datos son de quien los tiene, en lugar del titular de los mismos, tampoco ayuda, los datos no son de hacienda, del ayuntamiento, del banco o del medico, los datos son de los titulares de dichos datos. Y tienen todo el derecho a saber quien los tiene y para que los usa, además de esperar un correcto uso y custodia de los mismos, mientras son usados y una correcta destrucción al finalizar la vida de los mismos.
Por ultimo, indicar que si esto mismo, se hubiera realizado a una institución privada, con resultados similares, la multa seria histórica y ejemplarizante, además de la perdida en el valor de la marca de la empresa y en la confianza de sus clientes o usuarios, que pagaría cara.
