Un ciudadano ha solicitado a Instituciones Penitenciarias, la cancelación de sus datos personales, de los archivos que constaban en el denominado “SIP-INTERNOS”, que según acuerdo de la Comisión de Clasificación de Documentos del Ministerio del Interior, tiene valor histórico, estadístico y fue calificado “de conservación permanente”, tanto de este fichero, como los expedientes personales de los internos en centros penitenciarios.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha determinado en su resolución nº R/00068/2011, que no se puede alegar el “supuesto valor histórico o estadístico” y mucho menos las “necesidades de gestión” propias de la Administracion Penitenciaria, ya que el mantenimiento integro de datos con dichos fines tiene un carácter excepcional regulado por exigencia del artículo 4.5 de la LOPD.
Además, el artículo 136 del Código Penal, establece el derecho de los condenados a obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales, una vez cumplidos determinados requisitos y plazos.
Por lo tanto, se ha estimado la tutela de derechos solicitada por el ciudadano, e Instituciones Penitenciarias, deberá cancelar sus datos personales y se emita certificación de la misma, en el plazo de diez días.
jueves, 23 de junio de 2011
viernes, 3 de junio de 2011
Memoria de la AEPD del año 2010
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha presentado su memoria anual, correspondiente al año 2010, así como una nota de prensa, con los datos más destacados.
Nos gustaría destacar los siguientes datos:
- 4.302 investigaciones (por denuncia y de oficio) con un incremento del 4 %, con 1.170 por telecomunicaciones, 819 por videovigilancia, 691 financieras, 168 Internet y 126 por spam (LSSI)
- 900 actuaciones previas de investigación relacionadas con morosidad, como cesión de datos a empresas para el recobro de deudas, vulneración del deber de secreto al intentar cobrar la deuda, divulgando la supuesta cuantía a familiares y allegados para forzar el cobro, o la utilización de datos para la contratación fraudulenta de servicios.
- 168 actuaciones en el ámbito de Internet, por insuficiente implantación de medidas de seguridad, difusión no autorizada de datos y suplantación de identidad. Los principales problemas se encuentran en las Redes Sociales, como la difusión de datos en foros o blogs, portales de video, portales de contacto personal, servicios de correo electrónico (listas de correo), servicios de localización de información personal, directorios y buscadores personales, etc.
- 114 actuaciones en el ámbito sanitario, principalmente por vulneración del deber de secreto o insuficiente implantación de medidas de seguridad.
- 101.826 consultas en el servicio de Atencion al Ciudadano, con un incremento del 8,2 %.
- Un total de 17.400.000,00 € en sanciones, de las que 621.000 € corresponden a comunicaciones electrónicas comerciales (LSSI) y 507.000 € a videovigilancia.
Con estos datos, podemos sacar muchas conclusiones, pero para nosotros, tiene especial importancia el incremento de las consultas al servicio de Atencion al Ciudadano, lo que indica un mayor conocimiento de los derechos y de su aplicación.
También es interesante el importe y el número de sanciones por incumplimiento en relación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), así como la videovigilancia, que cada día esta más presente y genera mayor rechazo en la población.
Pero quizás el más llamativo, sea el resultado de dividir el numero de sanciones 591 por el importe total de las mismas (17,4 millones de euros), que nos daría un resultado de 29.441,62 € de sanción media. Está claro que estamos mezclando sanciones graves, con leves y por lo tanto no todos los sancionados han tenido que pagar estas fuertes multas, pero la media nos puede servir como estimación para calcular la importancia en invertir en una buena aplicación de la LOPD y la LSSI, en relación al coste de los profesionales que nos ayudan con la misma.
Nos gustaría destacar los siguientes datos:
- 4.302 investigaciones (por denuncia y de oficio) con un incremento del 4 %, con 1.170 por telecomunicaciones, 819 por videovigilancia, 691 financieras, 168 Internet y 126 por spam (LSSI)
- 900 actuaciones previas de investigación relacionadas con morosidad, como cesión de datos a empresas para el recobro de deudas, vulneración del deber de secreto al intentar cobrar la deuda, divulgando la supuesta cuantía a familiares y allegados para forzar el cobro, o la utilización de datos para la contratación fraudulenta de servicios.
- 168 actuaciones en el ámbito de Internet, por insuficiente implantación de medidas de seguridad, difusión no autorizada de datos y suplantación de identidad. Los principales problemas se encuentran en las Redes Sociales, como la difusión de datos en foros o blogs, portales de video, portales de contacto personal, servicios de correo electrónico (listas de correo), servicios de localización de información personal, directorios y buscadores personales, etc.
- 114 actuaciones en el ámbito sanitario, principalmente por vulneración del deber de secreto o insuficiente implantación de medidas de seguridad.
- 101.826 consultas en el servicio de Atencion al Ciudadano, con un incremento del 8,2 %.
- Un total de 17.400.000,00 € en sanciones, de las que 621.000 € corresponden a comunicaciones electrónicas comerciales (LSSI) y 507.000 € a videovigilancia.
Con estos datos, podemos sacar muchas conclusiones, pero para nosotros, tiene especial importancia el incremento de las consultas al servicio de Atencion al Ciudadano, lo que indica un mayor conocimiento de los derechos y de su aplicación.
También es interesante el importe y el número de sanciones por incumplimiento en relación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), así como la videovigilancia, que cada día esta más presente y genera mayor rechazo en la población.
Pero quizás el más llamativo, sea el resultado de dividir el numero de sanciones 591 por el importe total de las mismas (17,4 millones de euros), que nos daría un resultado de 29.441,62 € de sanción media. Está claro que estamos mezclando sanciones graves, con leves y por lo tanto no todos los sancionados han tenido que pagar estas fuertes multas, pero la media nos puede servir como estimación para calcular la importancia en invertir en una buena aplicación de la LOPD y la LSSI, en relación al coste de los profesionales que nos ayudan con la misma.
miércoles, 25 de mayo de 2011
Problemas de móviles con Android 2.3.3
Nuevamente, saltan problemas de seguridad, detectados en móviles con sistema Android 2.3.3, que se conectan a redes Wifi no seguras.
Parece que nos estamos encontrando con un avance importante en cuanto a todo tipo de software, tanto para ordenadores, como para equipos en movilidad (portátiles o teléfonos móviles). Pero las empresas no ponen el mismo interés en verificar la seguridad de su software, que en realizar lanzamientos novedosos o mejoras.
Durante muchos años, se ha venido culpando a Microsoft de los problemas de seguridad de sus diferentes versiones de Windows, pero parece que no son de tanta importancia en los nuevos dispositivos o software que salen al mercado, sin que se les acuse o pida explicaciones, como se venía haciendo con el mayor proveedor de sistemas operativos del mundo, a estas empresas que cometen los mismos errores.
Las empresas deberían aprender de los errores cometidos por otros (como Microsoft), tal y como ha hecho ella misma, y de las consecuencias que pueden suponer estos fallos de seguridad. Que podrían llegar a costarles su negocio, incluso mediante la utilización de las herramientas que ellos mismos facilitan y/o aceleradas por la utilización de su propia tecnología (Redes sociales, móviles, red 2.0), lo que supondría un gran paradoja.
Las directivas europeas en materia de seguridad de datos personales y de privacidad, hacen hincapié en el diseño desde la seguridad, como base para cualquier tipo de sistema, software, web, etc. Por lo tanto, este tipo de actitudes pueden suponer una sanción en materia de protección de datos, como ya está estudiando la Agencia Española de Protección de Datos en algunos casos.
Parece que nos estamos encontrando con un avance importante en cuanto a todo tipo de software, tanto para ordenadores, como para equipos en movilidad (portátiles o teléfonos móviles). Pero las empresas no ponen el mismo interés en verificar la seguridad de su software, que en realizar lanzamientos novedosos o mejoras.
Durante muchos años, se ha venido culpando a Microsoft de los problemas de seguridad de sus diferentes versiones de Windows, pero parece que no son de tanta importancia en los nuevos dispositivos o software que salen al mercado, sin que se les acuse o pida explicaciones, como se venía haciendo con el mayor proveedor de sistemas operativos del mundo, a estas empresas que cometen los mismos errores.
Las empresas deberían aprender de los errores cometidos por otros (como Microsoft), tal y como ha hecho ella misma, y de las consecuencias que pueden suponer estos fallos de seguridad. Que podrían llegar a costarles su negocio, incluso mediante la utilización de las herramientas que ellos mismos facilitan y/o aceleradas por la utilización de su propia tecnología (Redes sociales, móviles, red 2.0), lo que supondría un gran paradoja.
Las directivas europeas en materia de seguridad de datos personales y de privacidad, hacen hincapié en el diseño desde la seguridad, como base para cualquier tipo de sistema, software, web, etc. Por lo tanto, este tipo de actitudes pueden suponer una sanción en materia de protección de datos, como ya está estudiando la Agencia Española de Protección de Datos en algunos casos.
miércoles, 18 de mayo de 2011
Problemas de Seguridad (Sony – Facebook)
Recientemente han saltado a la prensa diferentes problemas de seguridad, tanto de Facebook, como de Sony con su PlayStation Netwoork, lo que supone el robo de datos personales de millones de personas. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya tiene abiertos expedientes para estudiar estos asuntos.
Estos problemas, vienen a reforzar la idea de prohibir ciertos programas en los sistemas de información de las empresas, para evitar sufrir estos robos de datos personales, que pueden llegar a suponer un gran problema, no solo de imagen de la empresa, con la consiguiente pérdida de valor de la marca, sino también, problemas con la AEPD, por no haber tomado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la integridad y buen uso de los datos personales.
Es frecuente, que en muchas organizaciones, se sea comprensivo con el uso personal de los equipos de la empresa, sin ser conscientes del problema que puede generar. Parece necesario estar en Facebook o utilizar herramientas 2.0 para dar imagen de dinamismo y que esta sea un canal más de venta o de marketing, pero en pocas ocasiones se tiene en cuenta la protección de datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).
Que utilicemos una red social, que esta acogida a legislación de terceros países, normalmente americanos o paraísos fiscales, y que por lo tanto, no cumplan con la normativa LOPD no siempre será posible, si no cumplimos con la normativa española. Podemos llegar a ser sancionado por ello, pues ninguna empresa u organización obligada a cumplir con esta legislación puede saltarse la normativa, por mucho que “todo el mundo tenga Facebook”.
La utilización de juegos on-line, similar a los que han generado problemas a Sony, es una gran fuente de problemas en las organizaciones, sobre todo por la poca seguridad que ha de implementar el sistema, para poder ser “jugable”, dejando gran número de puertos abiertos y disminuyendo o anulando el software antivirus y/o cortafuegos.
Cumplir con la normativa en materia de LOPD-LSSI marcadas por la empresa es una obligación de los trabajadores, que han de conocer y aplicar. Estando marcadas en el documento de seguridad de la empresa. No hacerlo, puede suponer la apertura de un expediente sancionador, según la normativa laboral.
Estos problemas, vienen a reforzar la idea de prohibir ciertos programas en los sistemas de información de las empresas, para evitar sufrir estos robos de datos personales, que pueden llegar a suponer un gran problema, no solo de imagen de la empresa, con la consiguiente pérdida de valor de la marca, sino también, problemas con la AEPD, por no haber tomado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la integridad y buen uso de los datos personales.
Es frecuente, que en muchas organizaciones, se sea comprensivo con el uso personal de los equipos de la empresa, sin ser conscientes del problema que puede generar. Parece necesario estar en Facebook o utilizar herramientas 2.0 para dar imagen de dinamismo y que esta sea un canal más de venta o de marketing, pero en pocas ocasiones se tiene en cuenta la protección de datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).
Que utilicemos una red social, que esta acogida a legislación de terceros países, normalmente americanos o paraísos fiscales, y que por lo tanto, no cumplan con la normativa LOPD no siempre será posible, si no cumplimos con la normativa española. Podemos llegar a ser sancionado por ello, pues ninguna empresa u organización obligada a cumplir con esta legislación puede saltarse la normativa, por mucho que “todo el mundo tenga Facebook”.
La utilización de juegos on-line, similar a los que han generado problemas a Sony, es una gran fuente de problemas en las organizaciones, sobre todo por la poca seguridad que ha de implementar el sistema, para poder ser “jugable”, dejando gran número de puertos abiertos y disminuyendo o anulando el software antivirus y/o cortafuegos.
Cumplir con la normativa en materia de LOPD-LSSI marcadas por la empresa es una obligación de los trabajadores, que han de conocer y aplicar. Estando marcadas en el documento de seguridad de la empresa. No hacerlo, puede suponer la apertura de un expediente sancionador, según la normativa laboral.
lunes, 25 de abril de 2011
Venta del Censo Electoral
En un reciente artículo del periódico “El País”, de 5 de abril de 2011, se hace referencia a una supuesta venta de los datos del censo electoral, por parte de un empresario alicantino, utilizando la página www.saberlotodo.com y que por los problemas judiciales que ha tenido, han pasado a ser operadas desde la página www.trumbic.com con sede en Suiza.
Visitando la primera web, simplemente conseguimos que nos indiquen que ahora se opera desde la segunda web indicada… Esta segunda, corresponde a una empresa con apariencia completamente legal y en la que no encontramos referencias a este servicio. Si que encontramos una admisión a trámite de una denuncia contra el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), D. Artemi Rallo y otra persona, por un delito de prevaricación.
Si las informaciones facilitadas por el periódico El País, son ciertas, desde estas web se estaría vendiendo los datos personales del censo electoral, para poder localizar morosos y proceder a intentar el cobro de las deudas. La AEPD tiene bloqueado el fichero y parece que el cambio a Suiza es para seguir utilizando el mismo…
La utilización del censo electoral, ha sido una actividad recurrente durante el tiempo, de muchas empresas, especialmente antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que aunque tiene un precedente en la LORTAD, el grado de concienciación y de sanciones en el manejo de los datos personales no ha sido una costumbre en este país hasta hace unos años. Durante años, se crearon pequeñas agrupaciones o partidos políticos, para tener acceso al censo electoral, pues en las elecciones no conseguían más de un centenar de votos…
Conocemos al Director de la AEPD, D. Artemi Rallo, pues siempre ha tenido un trato muy cercano, tanto en las Sesiones Abiertas anuales de la Agencia, como en los cursos a los que hemos asistido. En nuestra opinión, no solo es un gran profesional y un buen director de la AEPD, también creemos que es la persona que más ha hecho por los derechos de los ciudadanos en la materia y que sus actuaciones están encaminadas siempre a la protección de los datos personales. Puede haberse equivocado, como cualquiera, pero la prevaricación es un delito muy serio para un funcionario público y que este admitida una demanda no significa que sea un prevaricador, cuestión esta que tendrá que dilucidar la justicia.
Cuando según El País, la empresa ha vendido estos datos personales y ha sido bloqueado el fichero e impuesto una importantísima sanción, es después de realizar numerosas actuaciones en el proceso de inspección y soportado por pruebas.
Visitando la primera web, simplemente conseguimos que nos indiquen que ahora se opera desde la segunda web indicada… Esta segunda, corresponde a una empresa con apariencia completamente legal y en la que no encontramos referencias a este servicio. Si que encontramos una admisión a trámite de una denuncia contra el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), D. Artemi Rallo y otra persona, por un delito de prevaricación.
Si las informaciones facilitadas por el periódico El País, son ciertas, desde estas web se estaría vendiendo los datos personales del censo electoral, para poder localizar morosos y proceder a intentar el cobro de las deudas. La AEPD tiene bloqueado el fichero y parece que el cambio a Suiza es para seguir utilizando el mismo…
La utilización del censo electoral, ha sido una actividad recurrente durante el tiempo, de muchas empresas, especialmente antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que aunque tiene un precedente en la LORTAD, el grado de concienciación y de sanciones en el manejo de los datos personales no ha sido una costumbre en este país hasta hace unos años. Durante años, se crearon pequeñas agrupaciones o partidos políticos, para tener acceso al censo electoral, pues en las elecciones no conseguían más de un centenar de votos…
Conocemos al Director de la AEPD, D. Artemi Rallo, pues siempre ha tenido un trato muy cercano, tanto en las Sesiones Abiertas anuales de la Agencia, como en los cursos a los que hemos asistido. En nuestra opinión, no solo es un gran profesional y un buen director de la AEPD, también creemos que es la persona que más ha hecho por los derechos de los ciudadanos en la materia y que sus actuaciones están encaminadas siempre a la protección de los datos personales. Puede haberse equivocado, como cualquiera, pero la prevaricación es un delito muy serio para un funcionario público y que este admitida una demanda no significa que sea un prevaricador, cuestión esta que tendrá que dilucidar la justicia.
Cuando según El País, la empresa ha vendido estos datos personales y ha sido bloqueado el fichero e impuesto una importantísima sanción, es después de realizar numerosas actuaciones en el proceso de inspección y soportado por pruebas.
viernes, 8 de abril de 2011
Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
La Directiva 2009/136 CE, de 25 de noviembre de 2009, modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamente (CE) 2066/2004 sobre cooperación en materia de protección de los consumidores.
El próximo día 25 de Mayo de 2011, termina el plazo para que los Estados Miembros adopten y publiquen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva.
Según han publicados diferentes medios de comunicación, esta transposición, se realizara mediante la modificación de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones. Que no puede tardar en producirse.
A la espera de ver como se transpone la Directiva a la legislación española, nos parece importante indicar, que la citada directiva, prohíbe la práctica de enviar mensajes electrónicos con fines de venta directa en los que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación, o que no contengan una dirección valida a la que el destinatario pueda enviar una petición de que se ponga fin a tales comunicaciones o en los que se aliente a los destinatarios a visitar páginas web que contravengan el artículo 6 de la Directiva 200/31/CE (Identificación clara del propietario de la web).
Así mismo, los Estados miembros velaran, en el marco del Derecho Comunitario y de las legislaciones nacionales aplicables, por la suficiente protección de los intereses legítimos de los abogados que no sean personas física en o que se refiere a las comunicaciones no solicitadas.
Tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), ya cumplen con la mayoría de disposiciones de la directiva, siendo el derecho español en la materia, uno de los más restrictivos y garantistas de Europa. Quizás sea esta, una de las causas del elevado incumplimiento.
El próximo día 25 de Mayo de 2011, termina el plazo para que los Estados Miembros adopten y publiquen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva.
Según han publicados diferentes medios de comunicación, esta transposición, se realizara mediante la modificación de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones. Que no puede tardar en producirse.
A la espera de ver como se transpone la Directiva a la legislación española, nos parece importante indicar, que la citada directiva, prohíbe la práctica de enviar mensajes electrónicos con fines de venta directa en los que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación, o que no contengan una dirección valida a la que el destinatario pueda enviar una petición de que se ponga fin a tales comunicaciones o en los que se aliente a los destinatarios a visitar páginas web que contravengan el artículo 6 de la Directiva 200/31/CE (Identificación clara del propietario de la web).
Así mismo, los Estados miembros velaran, en el marco del Derecho Comunitario y de las legislaciones nacionales aplicables, por la suficiente protección de los intereses legítimos de los abogados que no sean personas física en o que se refiere a las comunicaciones no solicitadas.
Tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), ya cumplen con la mayoría de disposiciones de la directiva, siendo el derecho español en la materia, uno de los más restrictivos y garantistas de Europa. Quizás sea esta, una de las causas del elevado incumplimiento.
lunes, 7 de marzo de 2011
Ley de Economía Sostenible y Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
La Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, es un batiburrillo de modificaciones y disposiciones transitorias y finales, que afectan a gran número de leyes de nuestro ordenamiento jurídico y que ya está en vigor.
Entre ellas, se hacen modificaciones a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), modificando el articulo 43,44,45 (añade apartado), 46 y 49. Es decir, todo lo referente a Infracciones y sanciones. Según la Disposición Final quincuagésima sexta.
También se han modificado la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de propiedad Intelectual, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Según Disposición Final cuadragésima tercera.
La modificación más importante referente a la Ley 15/1999 (LOPD), es la tipificación de las sanciones y sobre todo la graduación de la multa:
-Infracción Leve de 900 a 40.000 Euros
-Infracción Grave de 40.001 a 300.000 Euros
-Infracción Muy Grave de 300.001 a 600.000 Euros
Sin duda las sanciones leves han incrementado el importe de la sanción y son consideradas tales, entre otras, la transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos (cuestión que se da en la mayoría de lo tratamientos con terceros, como gestores, administradores de fincas, abogados, envíos publicitarios, etc.) O el incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del propio interesado.
En cuanto a las graves, está tipificada como tal, la vulneración del deber de guardar secreto, el incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos no hayan sido recabados del propio interesado, el impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, o no atender los requerimiento o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o proporcionar a aquella cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la misma.
Son sanciones muy graves, entre otras, la recogida de datos de forma engañosa o fraudulenta o la transferencia internacional de datos con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
Entre ellas, se hacen modificaciones a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), modificando el articulo 43,44,45 (añade apartado), 46 y 49. Es decir, todo lo referente a Infracciones y sanciones. Según la Disposición Final quincuagésima sexta.
También se han modificado la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de propiedad Intelectual, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Según Disposición Final cuadragésima tercera.
La modificación más importante referente a la Ley 15/1999 (LOPD), es la tipificación de las sanciones y sobre todo la graduación de la multa:
-Infracción Leve de 900 a 40.000 Euros
-Infracción Grave de 40.001 a 300.000 Euros
-Infracción Muy Grave de 300.001 a 600.000 Euros
Sin duda las sanciones leves han incrementado el importe de la sanción y son consideradas tales, entre otras, la transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos (cuestión que se da en la mayoría de lo tratamientos con terceros, como gestores, administradores de fincas, abogados, envíos publicitarios, etc.) O el incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del propio interesado.
En cuanto a las graves, está tipificada como tal, la vulneración del deber de guardar secreto, el incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos no hayan sido recabados del propio interesado, el impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, o no atender los requerimiento o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o proporcionar a aquella cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la misma.
Son sanciones muy graves, entre otras, la recogida de datos de forma engañosa o fraudulenta o la transferencia internacional de datos con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
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